Venezuela: El 19 de abril de 1810

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Por Carmen Bohórquez

Al tiempo que en España las diversas provincias constituían Juntas de Gobierno con el doble propósito de asegurar el poder local y de organizar la resistencia armada contra el invasor francés, en América los criollos vieron la oportunidad de aprovechar el momento para, oponiéndose también a la ocupación francesa, asumir en mano propia la conducción de los asuntos políticos de la región, hasta entonces en manos casi exclusivas de los peninsulares.

En Venezuela, el recuerdo de antiguas rebeliones, los antecedentes de la Conspiración de Manuel Gual y de José María España, así como la expedición y la continua campaña epistolar de Miranda incitando a la rebelión, se mantenían en la conciencia de la población en general y de los criollos en particular, como evidencia de que el dominio de España en América no era tan homogéneo como se pretendía y podía ser, además, cuestionado.

Para el momento en que ocurren los eventos de España, era un hecho generalizado en América el descontento de los blancos criollos contra lo que consideraban una injusticia por parte de la Corona, al excluirlos de los cargos públicos de mayor prestigio; sobre todo si tenemos en cuenta que tanto en Venezuela como en otras circunscripciones coloniales, los criollos ejercían el poder económico a través del control del Cabildo, el Real Consulado y la agricultura, por lo que también aspiraban a la preeminencia en el campo del poder político.

Por ello, resultaba lógico que al enterarse de la fragmentación y casi desaparición del poder monárquico español por causa de la invasión francesa y del arresto de Carlos IV y del ahora monarca legítimo, su sucesor Fernando VII, el mantuanaje caraqueño considerara propicia la ocasión para hacer realidad sus preteridas aspiraciones de poder.

Así, tan pronto se conoce en Caracas la noticia de que las provincias españolas habían constituido juntas de gobierno autónomas con el objeto de dirigir sus propios asuntos y organizar la resistencia contra las fuerzas invasoras, en noviembre de 1808, un grupo de mantuanos caraqueños, entre los cuales se encontraba el joven José Félix Ribas y Luis López Méndez, acuden ante el capitán interino de Venezuela, Juan de Casas, para pedirle que organice también una junta con las misma características de las españolas y en la cual aspiraban tener un lugar preponderante.

Este intento, conocido como Conspiración de los Mantuanos, tuvo sin embargo un fin casi inmediato, pues el capitán general en lugar de acceder a las demandas de los mantuanos, ordena detenerlos, confinando a la mayoría a prisión domiciliaria, en tanto que otros son enviados al exilio. Vale señalar, que en el rápido fracaso de este movimiento incidió el rechazo que el mismo tuvo entre las milicias de pardos, quienes, sintiéndose objeto de permanente desprecio por parte de los mantuanos, ofrecieron de inmediato su apoyo a Casas, brindándose incluso a combatir militarmente contra estos. Una señal más de las tantas contradicciones que imperaban en la sociedad colonial.

En mayo de 1809, el oficial español Vicente Emparan asume como nuevo Gobernador y Capitán General de la Provincia de Venezuela. Casi un año después, a comienzos de Abril de 1810, en Venezuela se conoce la noticia de que la provincia de Andalucía ha sido ocupada también por las tropas francesas y que la Junta Central, ante su fracaso en la defensa de España, ha decidido disolverse y ser sustituida por un Consejo de Regencia. El 18 de Abril, llegan a Caracas dos comisionados enviados por ese consejo, para exigirle a los venezolanos que reconocieran la autoridad del nuevo cuerpo.

Estos hechos impulsan a los criollos a retomar la idea de conformar una Junta de Gobierno autónoma que asumiera el gobierno de la Capitanía General a nombre de Fernando VII, y sin sujetarse al Consejo de Regencia. A falta del Rey legítimo, las provincias venezolanas, que al igual que las del resto de América habían sido declaradas iguales a las españolas por la Junta Suprema al momento de convocar las Cortes, se consideraron entonces con derecho a darse un gobierno propio hasta tanto se restableciera la monarquía española.

Acordados sobre el particular, los miembros del Ayuntamiento partidarios de constituir una Junta convencieron al alcalde José de las Llamozas que convocara a un cabildo extraordinario para el siguiente día Jueves Santo, dada la gravedad de las noticias que acababan de llegar de España. Igualmente hicieron correr la voz entre la población de que al siguiente día, jueves 19, todos debían congregarse en la Plaza Mayor, frente al Ayuntamiento. La idea era convertir esa sesión extraordinaria en un cabildo abierto y exigir al gobernador Emparan que definiera su posición respecto a los acontecimientos de España, y forzar así la constitución de la Junta de Gobierno ante la falta de un gobierno legítimo. Para esta acción, los mantuanos habían logrado implicar a los batallones de veteranos y otros cuerpos de milicias, así como comprometido el apoyo de muchos notables de la ciudad, intelectuales, parte del clero y un grupo importante del pueblo llano.

El centro de la discusión era la constatación de la imposibilidad de la metrópoli de asegurar su propio gobierno y, más aún, de impedir que los franceses se apoderaran también del territorio americano. De modo que no había otra solución para mantener la legitimidad del gobierno, asegurar la tranquilidad de la población y resguardar los derechos del rey prisionero que constituir una junta similar a las formadas en España que pudiera regir los destinos de la provincia.

La sesión del Cabildo caraqueño comenzó muy temprano en la mañana del día 19, con los mantuanos decididos a conformar una Junta de Gobierno en defensa de los derechos de Fernando VII en la provincia y sin que mediara en su determinación las protestas de Emparan, quien aducía que ya existía un gobierno legítimo en la Península que representaba al rey, y que ese gobierno era el Consejo de Regencia. Enfrentado a esta situación inesperada y en vista de las pretensiones de los mantuanos, el capitán general Vicente Emparan, deseoso de ganar tiempo e indeciso ante el camino a seguir, suspendió la sesión del Cabildo aduciendo la obligatoriedad de asistir a la  catedral para tomar parte en los oficios del Jueves Santo, procediendo de inmediato a salir del recinto.

Algunos integrantes del Cabildo creyeron que su plan había fracasado, pero otros, más audaces, insistieron en acelerar el proceso y salieron tras Emparan. Casi a las puertas de la catedral, uno de los revolucionarios, Francisco Salias, interrumpió el paso del capitán general y tomándolo del brazo lo conminó a regresar al Cabildo. La actitud de Salias fue celebrada por un grupo de conjurados y por parte de la multitud allí congregada. Sin embargo, ante su osadía, los soldados que formaban la guardia del capitán general intentaron apercibir sus armas, pero una orden del oficial venezolano que los comandaba y que estaba en acuerdo con los conjurados, los mantuvo firmes en sus puestos, sin intervenir. Dadas la circunstancias, Emparan no tuvo otra alternativa que regresar al Cabildo, acompañado de los alcaldes, regidores y notables, mientras una multitud se congregaba a las puertas del mismo. De seguidas se incorporaron al Cabildo, aunque no eran miembros del mismo, los abogados Juan Germán Roscio y José Félix Sosa, el canónigo chileno José Cortés Madariaga, el presbítero Francisco José de Ribas, y el tribuno popular José Félix Ribas, aduciendo ser representantes del pueblo y del clero con derecho a participar en una discusión de tanta importancia para el destino de la Provincia.

Estando clara para todos la difícil situación de España, la discusión se centró en las formas jurídicas a seguir y en la legitimidad de la Junta a constituir. Como primera fórmula se propuso que la misma fuera presidida por el mismo Emparan, ante lo cual reaccionó Madariaga, convencido de que esa salida frustraría todos los planes revolucionarios. Para impedir que se aprobara esta propuesta, el canónigo inició un discurso vibrante y fuerte, en el que acusaba a Emparan de engaño y perfidia, agregando que una junta presidida por el Capitán General no ofrecería ninguna garantía, porque éste bien podría disolverla y plegarse a los franceses; por lo que exigía la inmediata destitución de dicho Capitán. Éste, sintiéndose perdido, sale al balcón buscando el apoyo del pueblo reunido en la Plaza Mayor y pregunta a la muchedumbre si están satisfechos con su gobierno. Alerta, Madariaga se apresuró a colocarse justo detrás de Emparan y, levantando el brazo, lo movió de un lado a otro para incitar al pueblo a que respondiera negativamente. De inmediato, el Doctor José Rafael Villareal, quien se encontraba entre la muchedumbre y estaba al tanto de lo que se estaba decidiendo en el Cabildo, comenzó a gritar: «No….. No….. No», siendo seguido en coro por el resto de la gente concentrada en la plaza. Ante el rechazo manifiesto de la población, Emparan pronunció entonces la frase que señalará el principio del fin del dominio español en Venezuela: «pues yo tampoco quiero mando». El movimiento había triunfado y pudo crearse entonces «la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII», que comenzará a gobernar a Venezuela en nombre propio.

Ese mismo 19 de abril de 1810 es redactada el acta en la cual se consagra el establecimiento de un nuevo gobierno. En la misma se precisa que el Gobernador y Capitán General Vicente Emparan, el Intendente de Ejército y Real Hacienda, el Subinspector de Artillería y el Auditor de Guerra y asesor general, así como la Real Audiencia, quedaban privados del mando que ejercían; a la vez que se suprimían esas instituciones. No se depuso al Consulado, encargado de los asuntos del comercio, pues éste era un bastión de los criollos. En sustitución de los depuestos, se nombran personas de confianza del nuevo orden. En consecuencia, los dos alcaldes del Cabildo de Caracas, José de las Llamozas y Martín Tovar y Ponte (uno peninsular y uno criollo), asumen la conducción de la Junta de Gobierno, incorporando a la misma a  representantes del clero, del pueblo y de los pardos, hasta ese momento excluidos de toda instancia de poder. Al mismo tiempo, la Junta asegura también el mando militar, confiando su conducción momentáneamente al teniente coronel Nicolás de Castro y al capitán Juan Pablo Ayala. Los funcionarios españoles depuestos fueron conducidos luego a La Guaira y encerrados en las fortalezas o confinados a bordo de buques anclados, hasta que se les expulsó fuera del territorio de la Provincia.

El acta del 19 de abril fue firmada por todos los asistentes al Cabildo extraordinario de ese día, incluyendo los funcionarios españoles destituidos, entre los cuales el propio Emparan. Ese mismo día, el acta fue leída en diversos lugares de Caracas por los escribanos Fausto Viaña y José Tomás Santana, quienes certificaron que la población reaccionó gritando las siguientes consignas: «Viva nuestro Rey Fernando VII, viva el nuevo Gobierno, el Muy Ilustre Ayuntamiento y los Diputados del Pueblo que lo representan».

La Junta Suprema quedó constituida por veintitrés vocales, dos presidentes y dos juntas subordinadas, una de Guerra y Defensa, y otra de Hacienda, con siete miembros en cada una; además de un Tribunal de Policía con un Juez, y doce diputados. De inmediato, esta Junta Suprema procedió a enviar delegados al resto de las provincias que conformaban el territorio de la Capitanía General de Venezuela para invitarlas a seguir el ejemplo de Caracas. Sin embargo, algunas influyentes oligarquías regionales, antagonistas y rivales de la caraqueña, no se mostraron muy acordes con la propuesta pues la interpretaban como una subordinación a Caracas. De allí que Guayana, Maracaibo y Coro se declaren, por el contrario, leales al Consejo de Regencia, llegando incluso a detener y encarcelar a los enviados por la Junta. En esta ocasión, Coro llega a sostener que dada la deposición de las altas autoridades, Caracas dejaba de ser ciudad capital y por tanto, de  sumarse al movimiento, a ella le tocaría asumir ese rango por ser la población más antigua del país. El resto de las provincias, se van a mostrar dispuestas a sumarse al movimiento, pero exigiendo que se les reconozca también a cada cual su autonomía respectiva. Así, Cumaná y Barcelona se suman el 27 de abril; Margarita el 4 de mayo; Barinas el 5 de mayo; Mérida el 16 de septiembre y Trujillo el 9 de octubre.

A una semana de los acontecimientos del 19 de Abril, la Junta Suprema, se dirige también a todos los Cabildos de América, invitándolos a imitar la conducta de Venezuela. Bajo la dirección de Juan Germán Roscio, se preparan rápidamente misiones diplomáticas en busca de ayuda y apoyo para la nueva empresa. La más importante de estas gestiones es confiada a Simón Bolívar, quien para entonces tenía veintiseis años y había sido nombrado coronel por la misma junta. A Bolívar se le encarga viajar a Londres a solicitar del gobierno británico el reconocimiento de la Junta y la protección de la armada inglesa contra cualquier intento de Francia de intentar apoderarse del territorio americano. El 9 de junio de 1810, el joven Simón embarca en la nave de guerra inglesa Lord Wellington, acompañado de Luis López Méndez y llevando como secretario a Andrés Bello. Llevan la orden expresa de no juntarse con el traidor Miranda, quien venía clamando por el desconocimiento total de la monarquía española y la declaración definitiva de la independencia.

Roscio había redactado una especie de minuta para los comisionados de la Junta, en la que anticipaba respuestas a las posibles preguntas que haría el Ministerio Británico sobre los motivos de la remoción de las autoridades españolas, la instalación del nuevo gobierno y su política futura en relación al gobierno británico. El 11 de julio los viajeros desembarcaron en Southampton y de inmediato siguieron a Londres. Desechando las recomendaciones de la Junta, Bolívar hará contacto con Miranda y lo pondrá en antecedentes de todo lo ocurrido en Caracas. En el mes de diciembre de ese año el Precursor retorna a Caracas, después de casi cuatro décadas de ausencia durante las cuales mantuvo una permanente campaña en Europa y otros lugares del mundo por la independencia de toda la América meridional. Su incorporación al movimiento patriota acelerará la declaración definitiva de independencia, la que se producirá el 5 de julio de 1811.

La Junta Suprema gobernó desde el 19 de abril de 1810 hasta el 2 de marzo de 1811. En esta última fecha se instaló el Primer Congreso de las Provincias Venezolanas, poder ante el cual la Junta declinó los suyos, pasando entonces a ser la Junta Provincial de Caracas.

Esta Junta Suprema fue, pues, un gobierno surgido de los sucesos del 19 de abril. Actuó durante poco menos de un año y constituyó un gobierno de transición, no independiente, sino más bien partidario de la Corona española. Sin embargo, la Junta realizó una labor positiva y facilitó el camino para la radicalización del movimiento patriota. Así, llevó a cabo reformas en el orden interno, trató de unificar las provincias y reforzar su autonomía, hizo gestiones en el exterior para obtener el apoyo de las otras colonias y las llamó a seguir el ejemplo dado por Caracas, y solicitó ayuda y reconocimiento de algunas naciones extranjeras. Asimismo, suprimió el impuesto de alcabala sobre los comestibles y artículos de primera necesidad, decretó la libertad de comercio con las naciones amigas y neutrales; abolió el tributo indígena; y prohibió la introducción de esclavos al país.

Sin embargo, el carácter de este gobierno «conservador de los derechos de Fernando VII» no le permitía ir más allá de la autonomía que se había proclamado el 19 de abril. Por esa razón, la Junta resolvió convocar a elecciones e instalar un Congreso Nacional que decidiera la suerte futura de las provincias venezolanas. Esta convocatoria a elecciones fue la medida de mayor trascendencia política de la Junta, pues aseguró la transformación del gobierno de facto en un régimen constitucional independiente.

La convocatoria fue hecha en junio, y las elecciones de diputados al Congreso se dieron en octubre y noviembre de 1810. No obstante, el reglamento electoral promulgado sólo otorgaba derecho al voto a los hombres libres, mayores de veinticinco años y propietarios de bienes raíces. En consecuencia, no votaron las mujeres, ni los esclavos, ni la gran mayoría de la población carente de bienes de fortuna. De esta manera, vino a resultar un Congreso formado en su totalidad por representantes de la oligarquía criolla, a quienes por su propia condición no les interesaba llevar a cabo transformaciones radicales en el orden social o económico, interesándose únicamente en el cambio político, que era lo que venía buscando desde hacía tiempo la mayoría de ese mantuanaje propietario y rico.

De esta manera, si bien la Junta que se instala el 19 de abril de 1810 no tiene entre sus propósitos declarar la independencia de Venezuela, sino que se erige para defender los derechos de Fernando VII ante las pretensiones imperiales de Napoleón, su aparición constituye sin embargo un acto de gran trascendencia histórica para la conformación de la nación venezolana. Se trata de la primera organización autónoma que logran crear los venezolanos tras 3 siglos de colonización y dominio peninsular, y con ello, se facilitan las condiciones para que las fuerzas radicales y patriotas, que venían manifestándose desde por lo menos el último cuarto del siglo XVIII, encuentren vías expeditas para hacer prender en el resto de la población la chispa revolucionaria que conducirá a la naciente Venezuela hacia la proclamación de su independencia absoluta el 5 de julio de 1811.

 

Resumen histórico basado en:

Carmen Bohórquez. “La tradición republicana. Desde los planes monárquicos hasta la consolidación del ideal y la práctica republicanas en Iberoamérica”. En El pensamiento social y político iberoamericano del siglo XIX. Edición de Arturo Andrés Roig. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, 22. Editorial Trotta / ISIC. Madrid, España, 2000, pp. 65-86.

Carmen Bohórquez. Francisco de Miranda. Precursor de las Independencias de América Latina. Cuarta Edición en español, corregida. Editorial El Perro y la Rana, Ministerio de la Cultura, Caracas, 2006.

Carmen Bohórquez. “Filosofía de la Independencia”. En Diccionario del Pensamiento filosófico  latinoamericano, del caribe y “latino” (1300-2000). Historia, corrientes, temas y filósofos. Editado por Enrique Dussel, Eduardo Mendieta y Carmen Bohórquez. Siglo XXI (En prensa)

José Gil Fortoul. Historia Constitucional de Venezuela. Ediciones del Ministerio de Educación Nacional, Caracas, 1954.

García de Cortázar, F., González Vesga, J. M., Breve historia de España, Madrid, Alianza, 2004.

Miguel Martínez Cuadrado, Historia de España, Alianza Editorial, Madrid, 2001.

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